Tomado desde El Telégrafo

Por Hugo Jácome

 

Reiniciar el proceso de Negociación Multipartes con la Unión Europea ha despertado, con razón, conocidos temores. Aunque todavía no hay claridad sobre lo que pretende el Gobierno, vale la pena que la sociedad empiece a debatir los alcances de dicha negociación.

 

Un primer punto tiene que ver con el nuevo marco constitucional del Ecuador. ¿Existe compatibilidad entre los campos temáticos que involucran este tipo de acuerdos, de corte TLC, y la Constitución? Definitivamente no. A través del falaz discurso del libre comercio, se impone la supremacía de los intereses de los países desarrollados, a costa de la pérdida de soberanía de los países en desarrollo.

La Constitución, en su artículo 422, prohíbe acuerdos internacionales que “cedan jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional en controversias contractuales o de índole comercial, entre el Estado y personas naturales o jurídicas privadas”. El tema de propiedad intelectual también entraría en contradicción; el artículo 421 indica, de manera clara, que “la aplicación de los instrumentos comerciales internacionales no menoscabará, directa o indirectamente, el derecho a la salud, el acceso a medicamentos, insumos, servicios, ni los avances científicos y tecnológicos”. ¿Qué pensarán, por ejemplo, las transnacionales farmacéuticas europeas sobre esto? ¿El acuerdo les abrirá las puertas a las patentes atropellando la Constitución?

Hay otros temas que también tendrían incompatibilidad. Por ejemplo, el de compras públicas –art. 288- y el de inversiones nacionales y extranjeras –art. 339-, que dan preferencia a las empresas e inversionistas nacionales. En el artículo 335, el Estado se guarda el derecho de regular, controlar o intervenir en los intercambios y transacciones económicas, para precautelar los derechos económicos, también, puede definir una política de precios orientada a proteger la producción nacional. ¿Este tipo de acuerdos permitirán esto? Algunos acuciosos de los TLC estarán analizando las formas de bypassear –interpretar a su antojo- la Constitución.

Un segundo punto tiene que ver con la estrategia de inserción inteligente en el mundo. ¿Estos acuerdos guardan coherencia con la propuesta de desarrollo endógeno? De acuerdo al Plan Nacional para el Buen Vivir, lo que se busca inicialmente es sentar bases sólidas que permitan la consolidación de una industria nacional con capacidad de abastecer las demandas internas, y que logre niveles de competitividad en los mercados externos. No se trata de profundizar el modelo primario exportador, favoreciendo a los grandes exportadores de productos primarios y a los grandes importadores, aumentando, además, la dependencia en la industria extranjera.

Por eso cabe preguntarnos, ¿en qué quedaría la apuesta de desarrollo endógeno si se diera paso a un mayor bobo aperturismo, como el que se deriva de este tipo de acuerdos?, más aún si se entra a negociar sin ningún tipo de resguardo -hasta el momento no se conoce que exista siquiera un estudio de impacto-.
¿En qué quedaría la inserción estratégica y soberana en el mundo, tal como plantea la Constitución, en su artículo 284?