Tomado desde El Telégrafo
Por Floresmilo Simbaña

En el Ecuador estamos acostumbrados a llamar revolución a cualquier reforma de los aparatos estatales o cambio de los grupos de poder. Quizá la revolución alfarista sea la única que merezca tal calificativo. Desde una perspectiva histórica todas las demás han sido meras reorganizaciones del poder dentro del mismo sistema; al final no pasaron de liquidaciones de regímenes establecidos, dejando intactas las estructuras.

Como sabemos, no es recomendable sacar o generalizar conclusiones de un proceso a partir de datos particulares. En el caso de la “revolución ciudadana” se van acumulando buenas experiencias que evidencian inconsistencias entre el discurso (revolución y socialismo del siglo XXI) y las políticas en concreto, este es el caso de INTERAGUA en Guayaquil, por poner un ejemplo.

La privatización de la dotación del servicio de agua potable y alcantarillado en la ciudad de Guayaquil se dio en los momentos obscuros de la “larga noche neoliberal”. En el 2001, en tiempos del Gobierno de Gustavo Noboa y los primeros años de la Alcaldía en la ciudad porteña de Jaime Nebot, se suscribía el contrato de concesión entre ECAPAG e INTERAGUA. Desde entonces hasta la fecha no se ha ampliado la cobertura del servicio, tampoco bajaron los costos de las tarifas (todo lo contrario), la calidad del agua es muy deficiente. En los últimos tres años la inversión propia efectuada por esta empresa privada apenas llega al 40% de lo programado. En resumidas cuentas, la privatización, que a decir de sus fieles devotos significaba el desarrollo y el bienestar, en este caso está muy lejos de ser una realidad, exclusivamente ha significado un lucrativo negocio: en los cinco primeros años de concesión INTERAGUA acumuló ganancias en un 60%, pasando de un capital de 10 a 32 millones de dólares. Las denuncias sobre estos negocios de las privatizaciones no llegaron únicamente de las organizaciones de usuarios, la Contraloría General del Estado y la Comisión para la Auditoria Integral del Crédito Público CAIC en sus informes declaran que el contrato de concesión ECAPAG-INTERAGUA y las actividades de la concesionaria en el cumplimiento del contrato presentaban una serie de irregularidades, ilegalidades, incumplimientos. Ambas reconocen existir causales de caducidad del contrato. El Gobierno de Rafael Correa, a través del MIDUVI, también realizó en el 2009 una auditoría integral. En el informe se determina, al igual que las anteriores auditorias, que INTERAGUA cometió graves infracciones e incumplimientos, pero en sus recomendaciones, al contrario que la CAIC y la Contraloría, exhorta la renegociación de dicha concesión.

Al calor de la discusión de la nueva Ley de Aguas este tema estuvo presente permanentemente, es una de las cuestiones de diferencias entre el Ejecutivo y el movimiento indígena, porque el Gobierno ha dado muestras de seguir las recomendaciones del MIDUVI. Frente a esto, ¿qué significado real encierra la disputa entre el presidente Correa y el alcalde Nebot? ¿Es una disputa por transformar el modelo o solo cambiar grupos de poder?