Tomado desde Expreso

 

La ex presidenta del Parlamento Andino y ex candidata presidencial, Ivonne Baki, que integra el equipo negociador de la iniciativa Yasuní-ITT, opinó hoy que es "obligación" de las naciones industrializadas colaborar con ese proyecto para mantener el petróleo bajo tierra.

 

Baki aseguró en declaraciones a Canal Uno que con la iniciativa para dejar bajo tierra el petróleo de los campos Ishpingo Tambococha Tiputini (ITT), "Ecuador está contribuyendo al mundo".

"No hemos dañado el ambiente nosotros en el Ecuador; estamos ofreciendo lo que tenemos, que son los pulmones hacia el mundo. Ecuador tiene los pulmones del mundo porque la Amazonía es la que da ese oxígeno. Creo que es una obligación de los países industrializados apoyar", señaló.

Baki, ex ministra de Comercio y ex embajadora de Ecuador en Estados Unidos, fue designada esta semana como integrante de la comisión negociadora para captar el apoyo internacional a la iniciativa.

El pasado miércoles, al anunciar a los integrantes del nuevo equipo para adelantar la iniciativa, el presidente Rafael Correa aseguró que el proyecto ambiental Yasuní-ITT es un "símbolo de la necesidad de una transición energética mundial".

Mediante el decreto, Correa oficializó ese día un equipo intergubernamental, liderado por la ministra coordinadora de Patrimonio Natural y Cultural, María Fernanda Espinosa; y uno técnico, integrado por varios expertos en diversas áreas.

La nueva organización de la iniciativa se formó luego de que el anterior equipo dimitiera en enero en bloque, incluido el entonces canciller Fander Falconí, poco después de que Correa criticase algunos puntos del proceso negociador.

El proyecto ambiental prevé dejar bajo tierra una reserva petrolera probada de 846 millones de barriles de crudo, que supondrían para el país ingresos por unos 7.000 millones de dólares.

Ecuador propone no explotar la reserva, que se encuentra en un reducto amazónico de alta biodiversidad, para evitar la emisión a la atmósfera, según dijo Correa, de 407 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2).

A cambio, Quito pide una compensación económica internacional de al menos la mitad de los ingresos que obtendría por la venta de ese petróleo.

Los fondos obtenidos serían administrados por un fideicomiso internacional que, bajo liderazgo de Ecuador, estaría gestionado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).