“El derecho a un juicio justo abarca todas las garantías procesales y otras garantías del debido proceso establecidas por las normas internacionales, pero es de mayor alcance. Incluye el cumplimiento de los procedimientos nacionales, siempre que éstos sean consecuentes con las normas internacionales. No obstante, un juicio, incluso si cumple todas las garantías procesales del derecho interno e internacional, puede no cumplir el criterio de una audiencia justa”.
Amnesty International Conicado de Prensa - Quito, junio 4 del 2010
VEEDURÍA NACIONAL E INTERNACIONAL DE ORGANIZACIONES DE DERECHOS HUMANOS PARA CASOS DE PROCESADOS POR DELITOS DE SABOTAJE Y TERRORISMO
Las organizaciones de derechos humanos observan con preocupación una visible y reiterada intolerancia y descalificación pública de altos funcionarios estatales a las diversas expresiones y manifestaciones de protesta social provenientes de entidades, organizaciones y/o voceros de sectores sociales que consideran afectados sus intereses y objetivos, amparados en la Constitución de la República y las normas y los estándares internacionales de derechos humanos.
En especial, llama la atención de las organizaciones de derechos humanos la celeridad con la que los agentes fiscales o los fiscales provinciales proceden a acusar a activistas de los movimientos sociales como presuntos infractores de la ley penal, aplicando tipos penales como los establecidos en el Título I (De los delitos contra la seguridad del Estado), Capítulo IV (De los delitos de sabotaje y terrorismo), del Libro I, del Código Penal, vigente desde 1971.
El Ecuador desde 1837 ha promulgado cinco Códigos Penales (1837, 1871, 1906, 1938 y 1971), manteniendo una fuerte influencia del Código napoleónico (1810), Código belga (1867), Código argentino (1922), Código Rocco (1930) y la ley penal del fascismo italiano. Ha sido reformado en 44 ocasiones y, hasta el momento, no responde a la actual realidad social y económica del país, peor aún incluye normas que contradicen los principios de la Constitución de la República y las normas y los estándares internacionales de derechos humanos.
Las organizaciones de derechos humanos, además, expresan su preocupación por la utilización del concepto de “terrorismo” que ni la misma comunidad internacional ha logrado definir, lo que puede abrir las puertas para la legitimación de prácticas atentatorias a los derechos humanos, por parte de regímenes intolerantes y opresores.
En tal sentido, las organizaciones de derechos humanos, en particular el Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo S.J.” -entidad miembro de la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD)- promoverá entre la comunidad nacional e internacional de derechos humanos la conformación de una veeduría nacional e internacional para casos de activistas sociales procesados por presuntos delitos de sabotaje y terrorismo en el país.
Centro de Documentación en Derechos Humanos "Segundo Montes Mozo S.J." (CSMM) |
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